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PUERTO DE COQUIMBO Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile
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1. Antecedentes. En días anteriores se han conocido a través de diversos medios, las intenciones de variados actores de la industria portuaria, en torno a retomar la política de concesiones de la ley 19.542. Así lo han hecho saber los grupos controladores, funcionarios deseosos de mostrar buena conducta con la nueva Administración y algunas organizaciones sindicales. El Gobierno, se apresta a dar a conocer una serie de iniciativas políticas de envergadura, todas revestidas de la aureola de la reconstrucción nacional. Suponemos que entre ellas estarán las licitaciones de concesiones de puertos públicos. No podemos obviar que los principales funcionarios del gobierno han escrito y ahora pueden llevar adelante, una serie de planteamientos pro mercado, con los que una parte significativa de la oposición está de acuerdo. 2. Revertir la ley 19.542. Sin embargo, a pesar del acuerdo macro que existe entre Alianza y Concertación respecto de los puertos, no es menos cierto que persisten conflictos de interés muy relevantes desde los cuales se puede intentar posicionar una mirada diferente. El primero: la función del TDLC, no puede ser burlada de forma flagrante por el Gobierno, so pena de aumentar su sombra como el “gobierno de los empresarios”. Esta materia deberá ser muy meditada y no es de fácil solución, pues si bien los controladores esperan el pronto inicio de las licitaciones, no es de cualquier tipo de concesiones, sino de unas que los incluyan como actores. El segundo: el costo político de un conflicto por la privatización de servicios esenciales puede ser alto para el Gobierno. Instalar la tesis de la defensa de la propiedad estatal sobre algunos sectores de la economía, los servicios esenciales, parece posible en el escenario actual. Nuestra opinión es que por donde sea que comiencen las privatizaciones, ésta discusión partirá aguas. En contraposición del modelo de concesiones vigentes, un modelo mixto de explotación portuaria, donde el estado se reserva algunos eslabones de la cadena del transporte para momentos de crisis (en los que el mercado o los monopolios colapsan), necesariamente gozará de las simpatías de quienes se opongan las iniciativas privatizadoras globales del Ejecutivo. Además, dado que el modelo de negocios de la concesión propuesta en Coquimbo es tan débil, enfrentar esta discusión desde este el Puerto de Coquimbo, puede no ser el mejor escenario para que el Gobierno despliegue esta política. El tercero: El costo político de un conflicto centralista. La necesidad de la regionalización del país es cada día más evidente. La postura que defiende hoy el Alcalde de ciudad, ciertos personeros y organizaciones regionales, le da una gran legitimidad a esta postura. Más allá de la aplicación lineal de la ley 19.542. ¿Si el Consejo de Desarrollo Regional, por ejemplo, estimara y resolviera realizar ciertas inversiones directas en el puerto, con fondos propios, para ir avanzando en su modernización sin perder la propiedad estatal sobre el mismo, por qué el poder central podría negarse? ¿Sólo por la ley? Avanzar en la descentralización, supone el derecho de las autoridades generadas por los ciudadanos a decidir sobre el desarrollo de sus comunidades y del rol de los bienes públicos situados en su territorio. Este punto puede elevarse rápidamente y encontrar aliados en diversos espacios, pues las carencias de la centralización del país son demasiado evidentes. 3. Desde donde se parte. Revisando los recortes de la prensa local, parece del todo pertinente afirmar que la imagen instalada es la de un puerto público que respondió satisfactoriamente a los requerimientos de la crisis. No se habla de ineficacia, sino de febril actividad, empleo y necesidad de aumentar las capacidades de transferencia. Michelle Bachelet, dijo en su última entrevista: “para que privatizar lo que funciona bien” y el presidente del sindicato de EPCO Patricio Contreras lo reitera en las suyas. Por otra parte, la situación de los recursos judiciales pendientes, nos hace aventurar que tenemos el mes de abril para lograr concertar a las autoridades locales en torno a dos grandes ideas: · Puerto de Coquimbo estatal, en el contexto de un sistema portuario mixto. · El futuro del Puerto de Coquimbo lo deciden los ciudadanos de Coquimbo. Estas acciones son esencialmente políticas y pueden ser abrazadas por la oposición como un punto fuerte para demostrar la ideología neoliberal del nuevo Gobierno.
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