1. Bajo la presión del descontento por la desigualdad social y la conducción de la CUT, el movimiento sindical chileno, luego de muchos años, comienza a mostrar algunos síntomas de recuperación. Y la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, orgullosamente fiel a su historia, puede afirmar que está siendo parte protagónica en la reconstrucción de este actor social en la sociedad chilena.

2. Así, los frustrados intentos por privatizar las operaciones de los puertos estatales de Talcahuano y Coquimbo, son el fruto directo de la política y la acción sindical ejecutada por esta organización para construir argumentos sólidos, darlos a conocer a la comunidad y manifestar públicamente, desde los Sindicatos Bases y organizaciones aliadas, nuestra opinión sobre los procesos de licitación de concesiones.

3. En el caso de Talcahuano, no sólo debió renunciar un directorio encabezado por un economista contratado por el SEP como parte del “Grupo de Expertos” que lo asesora en estas materias, sino que, por primera vez en los 17 años de Gobiernos de la Concertación se debió dejar sin efecto una privatización con bases vendidas.

4. Para dimensionar esta decisión baste remitir al episodio de la Privatización de ESBBIOS donde un multitudinario plebiscito regional no fue considerado por Lagos, quién argumentó que más allá de todo debía salvaguardarse la seriedad internacional del estado de Chile para con sus obligaciones con los inversionistas. Los tiempos empiezan a cambiar y el Gobierno de Bachellet ha resuelto salvaguardar en primer lugar el interés portuario nacional, el de la comuna, de las pymes y el de los trabajadores y sus familias.

5. En el caso de Coquimbo, la suspensión de la licitación hasta que el recién creado “Panel de Expertos” emita una opinión, es un logro político construido sobre una red de alianzas locales, regionales y nacionales que permite mirar con cierto optimismo el resultado del debate sobre el futuro del puerto. Doblemente importante, por cuanto, se produce aún con el rechazo del principal sindicato de estibadores del puerto a esta postergación, organización que busca la concesión como la única puerta por la cual conseguir beneficios estatales de desvinculación para sus socios.

6. Las denuncias de simulación de trabajo subcontratado realizadas por nuestra organización ante la Autoridad del Trabajo, han sido todas acogidas a tramitación y refrendadas en sendas multas aplicadas por la Dirección Regional del Trabajo respectiva a las Empresas Portuarias de Valparaíso, San Antonio, Talcahuano y Punta Arenas.

7. Sin embargo, nos hemos encontrado con empresas que prefieren dilatar la discusión de fondo que no es otra que la condición de los trabajadores subcontratados en las empresas del estado y han optado por recurrir de protección, con dispar suerte, a fin de anular por supuesta incompetencia la actuación de la Autoridad del Trabajo, en vez de derechamente discutir en los tribunales si hay o no trabajo dependiente simulado en la forma de una supuesta simulación.

8. La inoperancia del Gobierno para exigir de las empresas estatales el cumplimiento irrestricto de la ley 20.123 queda en absoluta evidencia en este caso y en nada cuestiona nuestro deber de velar por el cumplimiento de las leyes laborales vigentes.

9. En este contexto, el puerto de Valparaíso debió enfrentar dos cambios estructurales relevantes:

a)     La aprobación de un nuevo estudio de seguridad por la Armada, que permite a la empresa cubrir esta necesidad con guardias privados;

b)     La entrega a operación privada del ZEAL.

A partir de estos hechos la empresa comunicó el despido de más de 45 trabajadores que servían esas funciones. Nuestra Federación, representada por su Presidente, Secretario General y directores nacionales, participó activamente de la negociación de las condiciones sociales y económicas de la desvinculación de los trabajadores.

Adjunto a este informe se acompaña copia del Acuerdo citado. Afirmamos que estas condiciones aún cuando son las más amplias en la era de las empresas portuarias creadas por la ley 19.542, pueden y deben ser mejoradas en las próximas negociaciones que puedan suscitarse en las diversas empresas portuarias, según las condiciones particulares que las rodeen. Este Acuerdo es simplemente el nuevo piso a considerar en toda posterior discusión sobre desvinculación de trabajadores.

10. El SEP ha anunciado la creación de un “Panel de Expertos” para debatir el futuro portuario de Chile. Nuestra organización y seguramente muchas otras debe ser considerada en este espacio en el cual plantearemos nuestras opiniones que en términos generales podemos resumir así:

En el curso de este debate hemos logrado instalar una serie de opiniones relevantes como posturas principales del mundo sindical frente a la privatización de las operaciones (concesión) de los puertos estatales, a saber:

a)     La inversión privada debe ser significativa. Esto es muy superior a lo que podría hacer la empresa estatal por medios propios.

b)     Fomentar la libre competencia y evitar el dúo polio que se está produciendo en la propiedad de los terminales estatales concesionados.

c)      Es sabido que la concentración económica es la otra cara de la mala distribución del ingreso, por lo que el diseño de la licitación debe contemplar a las pymes y a los trabajadores, de modo que los beneficios al comercio exterior lleguen a todos.

d)     Antes de lanzar la venta de bases de una licitación debe planificarse un nuevo modelo de cobertura social para los trabajadores (estatales y privados) afectados por la modernización portuaria impulsada por el estado. Modelo más eficiente y más transparente que las redes sociales de procesos anteriores.

e)     Conciliar el interés privado (que lo hay) por quedarse con la operación de los puertos de carga general del estado, con el proyecto de desarrollo estratégico regional y las estrategias de desarrollo portuario, con los planes reguladores de las ciudades puerto.

f)        La concesión de puertos estatales debe obedecer una política portuaria nacional, definido en pos del bien común por los órganos competentes del estado y en el contexto de una regulación de la actividad (ley de puertos) y una institucionalidad portuaria (Subsecretaría, Superintendencia) de las que hoy el país carece.