30-08-2009

Un recurso interpuesto por los trabajadores puso en stand by el proceso que admitiera la privatización

A esta altura ya parece un mal chiste, pero es cierto. Mientras por un lado tenemos a los que quieren licitar el puerto de Coquimbo, es decir al Directorio de EPCO, que se la ha jugado con todo para poner en manos de privados el único recinto portuario estatal de la región, para que “mejoren”, con sus recursos las instalaciones y operen mediante un modelo de negocios barato nuestro querido puerto, por otro tenemos a los que defienden el recinto, conformado en parte por los propios trabajadores de éste, que no quieren una concesión, mas sí un mejoramiento del puerto pero con recursos estatales. Lo que es actualmente “ilegal”.

Desde que comenzó este proceso en el año 2006, solo ha habido tiras y aflojas, dilatando más y más la posibilidad de que efectivamente se licite el puerto o se mejore con recursos estatales. De hecho desde el principio no estuvo clara la primera opción, cuando en ese año, el Ministro de Transportes, Sergio Espejo, entrega al Sistema de Empresas Públicas (SEP) la atribución de iniciar los procesos licitatorios de los puertos estatales de Talcahuano, Puerto Montt, Chacabuco, Punta Arenas, además de analizar la situación de Coquimbo.

Transcurrido el tiempo, por propia iniciativa de EPCO y sin que hubiesen interesados en adjudicarse una licitación del puerto de Coquimbo, el SEP elaboró un “Modelo de Negocio”, para apurar la privatización del recinto, acción que no se condice con la Ley 19.542 pues dicha normativa es clara: debe existir un particular interesado, que presente su proyecto de inversión en cualquier puerto estatal y el directorio del puerto señalado, debe incluirlo en su Calendario Referencial de Inversiones, situación que tampoco se da en este caso, pues el SEP elaboró un Modelo de Negocio, cuyo objetivo es entregar el puerto de Coquimbo a bajo precio, al mismo operador del puerto de Valparaíso.

Debido a que en la región no existe otro puerto estatal, quien debía definir si era posible una licitación o no era el Tribunal de la Libre Competencia, que se vino a pronunciar en Abril de este año, aprobando una posible concesión y haciendo caso omiso a un Recurso de Reclamación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Portuarios.

Por causa de lo anterior el Sindicato de Trabajadores Portuarios acudió a la Corte Suprema de Justicia, interponiendo un Recurso de Hecho, el que fue acogido a trámite por los ministros del pleno jurídico, aludiendo a materias normativas fundamentales como el derecho a la segunda instancia, se interpuso un Requerimiento de Inaplicabilidad respecto del artículo 31 del DL 211, en la causa 3733-2009. Este recurso es privativo del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento y resolvió la suspensión del procedimiento de hecho ante la Corte Suprema de Justicia. Siendo esta quien deberá determinar si las bases de licitación propuestas por EPCO, deberán incorporar las condiciones propuestas por el Sindicato, situación que se mantendrá así hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la aplicabilidad del artículo 31 del DL 211.

Con todo el tiempo transcurrido, el único perjudicado una vez más ha sido el puerto de Coquimbo, que por la ineficiencia de las autoridades regionales, pero especialmente por los miembros del Directorio, sigue esperando que su situación sea tratada con un criterio aceptable.

La interposición del citado recurso supondrá ahora un largo tiempo de espera en que las posibilidades de modernización del recinto nuevamente quedan congeladas hasta nuevo aviso.

 El gran perdedor

El tema local que ha estado en la agenda de los medios ha sido el aún abortado proceso de licitación del Puerto de Coquimbo en el marco de las licitaciones del conjunto de los terminales portuarios chilenos que por ley deberían ser traspasados a los privados.

Las licitaciones, primero de los puertos de Valparaíso, San Antonio, Arica, Iquique y Antofagasta, han dejado al descubierto que este proceso de oferta en marcha solo ha producido un monopolio en la administración y explotación de nuestros terminales marítimos y que la inversión ha sido mínima en la ampliación de nuevos molos.

El Estado ha sido el único que ha invertido en múltiples instrumentos que han permitido que los privados sigan consiguiendo mayor rentabilidad sin invertir. El ejemplo más claro ha sido la millonaria obra de un puerto seco que ha terminado con la horrible congestión en todo Valparaíso.

Los primeros en expresar su rechazo a este monopolio, por supuesto, fueron los trabajadores de la antigua EMPORCHI. Posteriormente la Asociación de Empresas Navieras que prestaban servicios al interior de los puertos le daban el carácter de multioperador, expresándose a cabalidad la libre competencia y no la especulación y el monopolio que hoy se tiene en ese ámbito.

Hasta este punto cualquiera podría expresar que su oposición tenía que ver con perder sus puestos laborales o negocios, pero no es tan así. La Asociación de Exportadores Frutícolas, recurrió al Tribunal de la Libre Competencia, por los altos costos que se estaba cobrando por el transporte naviero a partir de las licitaciones, reclamo que los favoreció y que aplicó una alta multa a las tres empresas navieras chilenas que manejaban monopólicamente el sistema portuario.

Llegada la hora de la licitación o privatización mas bien, del puerto de Coquimbo, la comunidad se organizó para oponer una férrea resistencia a este negativo proceso, su accionar ha sido valeroso y serio, tanto que incluso han tenido que enfrentar la inexplicable actitud del Intendente de la región y el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Coquimbo, quienes hoy deben hacerse responsables que el puerto de Coquimbo continúe en las mismas condiciones que todos conocemos, después que la comunidad toda, e incluso la autoridad local encabezada por el diputado Marcelo Díaz, habían conseguido con el Ministro de Obras públicas, el financiamiento del mejoramiento de la infraestructura portuaria, partiendo por la necesaria construcción de un Dolphin que habría terminado con la grave situación de encontrarse prestando función en un mismo punto, a embarcaciones de carga y pasajeros.

La oposición al proceso de monopolización que se ha venido consolidando en los puertos chilenos, no solo ha tenido la oposición de las organizaciones sociales en muchas ciudades puertos de Chile sino que los más importantes opositores están en el mundo privado, ligados a la actividad portuaria, la Asociación de Navieros, los exportadores frutícolas y últimamente el senador Frei, con el representante del grupo Van Hoppen, quien denunció que los puertos licitados ya empezaban a ocupar terrenos para poner en marcha la construcción de Malls.

La acogida que tuvo la presentación de los representantes de los trabajadores portuarios ante el Tribunal Constitucional, obedece al punto más discutible en cuestión, que es haber pasado de una multioperación en los puertos chilenos, que tienen que ver con lo que tanto ha denunciado la organización local que se opone a la privatización del puerto de Coquimbo, que es; con esto se termina la libre competencia que hoy permite que se exprese el mercado a cabalidad.

Fuente: Editorial. Semanario “Opinión Regional”. Viernes 28 agosto 2009.-

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