![]() ![]() ![]() Boletín Nº 13- Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile - Mayo 2008 |
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El Sistema de Empresas SEP entrego el informe final elaborado por el Panel de Expertos Portuarios, el que luego fue presentado al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Don René Cortázar Sanz. Este Panel integrado por Ronald Bown, Rodolfo García, Andrés Rengifo, Aldo Signorelli y presidido por Teodoro Wigodski analizó la situación del sector portuario en la estrategia de desarrollo de nuestro país. El panel contó con el apoyo de Paulina Soriano en materias legales y Eric Petri como Secretario. Se adjunta Análisis de Fenatraporchi y copia del informe final en su formato original, que incluye un resumen ejecutivo, la agenda corta de trabajo que se propone y las actas de las diversas reuniones sostenidas con los actores del sector marítimo portuario en Chile.
Análisis del Informe Final del Panel de Expertos Portuarios.
1. Un primer acercamiento nos muestra un mundo portuario absolutamente huérfano de academia. No concurren al panel las Universidades, centros de estudios ni ongs especializadas, sólo algunos de los grupos de interés directo en la actual operación de los puertos. De inmediato cabe preguntarse porque ninguna de las escuelas de ingeniería en transportes o economía y negocios del país no tienen nada que decir, cabe reflexionar si es posible concebir subsidiariamente el desarrollo en una realidad como la nuestra, donde la mezquina cosmovisión de las empresas mayores niega la inversión indispensable en investigación y desarrollo, como si ocurre en las sociedades más avanzadas. Ningún grupo académico esta pensando el sistema portuario chileno y esa ya es su primera carencia.
2. Los grupos de interés que concurren a la convocatoria relatan sus convicciones sobre la lógica de sus necesidades particulares. En ello no hay demérito. Pero luego de sus exposiciones no hay un diálogo con los miembros permanentes del panel sobre un temario común, ni menos diálogo entre los actores. Estamos ante una simple sumatoria de hitos que aparecen inorgánicos y sin contrapesos que ayuden a la síntesis final. Son los miembros permanentes los que sintetizan y ni siquiera envían el borrador final a los convocados para una acción final conjunta.
3. Es lamentable además que no aparezcan participando del debate las empresas portuarias públicas ni privadas, tampoco la Subsecretaría de Marina, Directemar, la asociación de ciudades puertos, los camioneros ni el Ministerio de Transportes.
4. El principal logro del informe: avanzar en un cierto diagnóstico común de las carencias del sistema portuario nacional. Que dice el diagnóstico: ausencia de regulación, institucionalidad, planificación, coordinaciones, logística, trabajo decente.
5. Cuales son sus puntos de partida para este diagnóstico: a) El funcionamiento del sistema es muy relevante para la economía chilena. El 88,6% de las mercancías pasa por un puerto y el comercio exterior llegó a 112 mil millones de dólares en 2007. b) El borde costero con aptitud portuaria es limitado. c) El MTT no cumple con las obligaciones legales sobre la materia. (Planificación del Sistema, Coordinación de actores, Relación ciudad – puerto, Autoridad Portuaria, entre otros) d) El modelo portuario requiere de cadena logística organizada. e) La evolución de la Industria ha generado una realidad laboral (sobre todo en los puertos principales con servicios de línea) que exigen estabilidad, capacitación, seguridad industrial y recalificaciones en pos de la competitividad y sustentabilidad de la actividad que hoy no puede ofrecer el marco legal del contrato de trabajo portuario eventual. f) La competencia debe ser preservada como un valor absoluto respecto del control de los puertos. g) Las diversas condiciones de instalación y operación de la industria exigen una homologación de reglas eficientes en pos del desarrollo portuario sustentable. h) Corolario: Lo anterior permite asegurar que todos los actores esperan que el Gobierno asuma los desafíos de la industria y proponga un marco regulatorio general de la actividad conocido como Ley General de Puertos.
6. Lo más rescatable es el rol de Fenatraporchi. Su documento aparece como un contrapunto teórico global único y diferente, que entrega una visión sistémica donde hay propuestas que no están atadas al rol subsidiario del estado propio de la ideología neoliberal. En este contexto son las propuestas de la Federación las que complementan el diagnóstico común del panel. Entre ellas: a) El rol de las Empresas Portuarias Públicas.[1] b) La defensa de la libre competencia. Eliminando la posibilidad de concentración de los puertos chilenos. c) Políticas de gestión de los puertos menores. d) La eliminación del trabajo precario de los puertos. e) El Ministerio del Mar y su Subsecretaría de Puertos. f) Una nueva política de inversiones portuarias.[2] g) Eliminar la intervención económica de la Armada en del sistema portuario.
Nuestra Política
Desde las propias bases del informe del panel de expertos, nuestra política para la coyuntura puede construirse en algunas propuestas concretas al Gobierno:
a) Crear un equipo interdisciplinario que aborde la elaboración de un proyecto de Ley General de Puertos. b) Elaboración de un Proyecto de Ley que elimine el trabajo precario en los puertos, simplemente haciendo aplicable el régimen común a los trabajadores portuarios. c) Exigencia a los directorios de las empresas portuarias públicas de planes de inversión más allá de las concesiones. Hay mucho por hacer en cada puerto, el propio panel de expertos lo dice[3] y por ello es impresentable que las concesiones de terminales signifiquen mecánicamente el despido de los trabajadores del sector público. Los trabajadores sólo queremos empleo decente y es deber de los directorios generar los negocios que lo hagan posible. Sólo para casos muy excepcionales podrá discutirse una desvinculación de la mano de alguna forma de pensión al interior del sistema de AFPs.
d) Crear un equipo que permita estudiar y elaborar la mejor estrategia de licitación de concesiones, estudiando caso a caso, planificando el próximo paso, alejando de estas importantes decisiones aquellas posturas motivadas en la banalidad de algunos personeros o la simple aplicación mecánica de la ideología neoliberal.
[1] El Gobierno finalmente ha ingresado al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Gobiernos Corporativos en las Empresas en que el estado tenga participación. En lo que toca a la empresas portuarias públicas nos parece del todo necesario revisar las modificaciones a la ley 19.542 contenidas en el artículo 31 del proyecto de Gobiernos Corporativos, en particular, la absurda composición de 7 directores en empresas que tienen muy pocos trabajadores, sin embargo, la designación de los nuevos directores plantea un par de cuestiones mucho más centrales: ¿se justifican los diez directorios en el actual esquema de empresas concebidas sólo para licitar concesiones?, o ¿se medirá a los nuevos directorios por la generación de valor al patrimonio de la empresa? ¿Se pedirá a las empresas portuarias generar algunos de los nuevos servicios o negocios que el propio panel de expertos reconoce que son necesarios a la eficiencia del sistema?
[2] A pesar de todas las alertas sobre el proceso de concesiones este parece avanzar inexorablemente sin mayor reflexión de la autoridad política. ¿Qué justifica realizar 3 o 4 procesos de concesiones simultáneas en 2009, año de elecciones presidenciales y parlamentarias? El mercado no. Tampoco las exigencias de las comunidades ni de las empresas. Sólo un absurdo juego de egos que desean mostrar su poder al resto. ¿Qué gana el Gobierno con esto? Sólo un conflicto de proporciones con un grupo de personas que detentan alguno de los miles de permisos portuarios emitidos por la Armada en los puertos de Valparaíso, San Antonio, Coquimbo y posiblemente Talcahuano. Del mismo modo, estas licitaciones se realizarán con todas las dudas no resueltas en todas y cada una de las materias señaladas por el propio panel de expertos. El proceso de concesiones puede realizarse, pero debe ser gradual, con protección de la libre competencia, en el contexto de la discusión de la ley de puertos y del fin del contrato portuario eventual. Con todo lo aprendido en los procesos anteriores se puede proyectar licitaciones al menor costo social y político posible, siempre y cuando el Gobierno asuma su rol e imponga sus ritmos y propósitos al proceso.
[3] Por ejemplo, si tan sólo se incluye en las bases de licitación la facultad para fiscalizar en terreno el cumplimiento del contrato, se generan puestos de trabajo que minimizan los efectos de la concesión. |
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