Boletín Nº 7- Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile - Marzo 2008

El presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Patricio Rojas Saavedra, presentó hoy la renuncia a su cargo, la que se hará efectiva el próximo 15 de abril.

En su reemplazo,  la Presidenta de la República ha designado a Rodrigo Azócar Hidalgo.

Rodrigo Azócar es Ingeniero Civil  Industrial de la Universidad de Chile y obtuvo un diploma del programa de Especialización en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Entre 1997 y 2006 fue Gerente General de Metro S.A., período en el cual la empresa llevó a cabo los megaproyectos que permitieron duplicar el tamaño de red del tren metropolitano.

Con anterioridad desarrolló una exitosa carrera en el sistema financiero, ejerciendo tanto como gerente general de Créditos de BancoEstado,  gerente de las áreas de intermediación financiera y luego de administración y finanzas de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y como Subgerente del Banco de Chile.

Al momento de ser designado en el cargo se desempeñaba como Prorrector de la Universidad de Viña del Mar y asesor del directorio de la Sociedad de Inversiones Norte Sur.

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Los entretelones de la salida de Patricio Rojas del SEP

Mientras Andrés Velasco apenas le dirigió la palabra telefónicamente para comunicarle que llegaba otra persona, los colorines aseguran que le quitaron el piso hace tiempo.

Y muy al estilo Velasco, el mensaje fue "clarito" y representó el fin de una historia donde la relación nunca fue buena. "Rojas tiene una forma antigua de hacer política, muy unida a la politiquería, a la cosa nostra de mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Velasco es la antítesis. Representa a la tecnocracia que siente que al poder sólo pueden acceder los que están preparados", dice un relacionado a la empresa pública.

En dos temas han topado Hacienda y Rojas. El último ha sido por el tema portuario, donde Rojas ha defendido la opción de privilegiar Valparaíso antes que San Antonio -listo para comenzar el proceso-. Hacienda está por llevar lo económicamente más rentable para el país. El otro tema conflictivo fue Ferrocarriles. La petición al ex presidente de la estatal, Vicente Domínguez, de dosificar los documentos que enviaba a la Comisión Investigadora, especialmente los ligados a su camarada Ajenjo, no cayó bien en Hacienda.

Sin respaldo;  Curiosamente, tampoco en el sector al que suele asociarse a Rojas: los colorines.

Las relaciones ya estaban cortadas hace tiempo. "Él, desgraciadamente se había alejado de la línea dura que habíamos impuesto al conducir la DC. Por ejemplo, al respaldar a Guillermo Díaz a que se quedara en la presidencia de Ferrocarriles tras ser formalizado", cuenta el diputado Jaime Mulet.

El episodio quebró la relación con Adolfo Zaldívar, que lo había puesto en la presidencia del SEP y que era partidario de sacar de inmediato a Díaz. Rojas comenzó entonces a acercarse al alvearismo.

La Moneda saca a Enap de reforma; La fuerte presión ejercida por los sindicatos de Enap -que amenazaron incluso con paralizar sus funciones si se concretaba el ingreso de esa empresa al SEP- hizo retroceder a La Moneda, que ayer corrigió el proyecto de reforma a los gobiernos corporativos de las empresas públicas y decidió eliminar a la petrolera estatal de la iniciativa.

Los trabajadores de la compañía hicieron ver a la Mandataria el compromiso adquirido por ella en Punta Arenas, cuando hace sólo dos semanas se comprometió a mantener a la petrolera fuera del Sistema de Empresas Públicas.

Según los opositores, Enap terminaría vendiéndose si se sumaba al SEP y lograron el respaldo de parlamentarios. No hubo cambios respecto de Enami, situación que también fue criticada.

Diario El Mercurio

Somos testigos como empresas emblemáticas y estratégicas del país, fueron vendidas bajo el argumento de modernización y mejora de la gestión”.

El Sindicato de Trabajadores Empresa Portuaria Austral – EPA -, señala en declaración pública:

“Ante los últimos anuncios del gobierno de traspasar BancoEstado, ENAP y ENAMI, bajo la administración del sistema empresas públicas (SEP), no puede mantenerse al margen de manifestar su preocupación ante esta decisión del gobierno, que bajo los argumentos de aumentar su transparencia y mejorar la calidad de la gestión, quiera ingresar una proyecto de ley que “Perfecciona el gobierno corporativo de las empresas del Estado”.

Somos testigos como empresas emblemáticas y estratégicas del país, fueron vendidas bajo el argumento de modernización y mejora de la gestión, como sigue ocurriendo con las empresas portuarias a nivel nacional, donde bajo el amparo de la ley 19.542, han entregado empresas rentables que generaban recursos y utilidades al Estado a los grandes conglomerados económicos.

Por ejemplo lo que ocurre en los puertos de Coquimbo y Talcahuano donde las fuerza vivas y políticas de la zona quieren potenciar y desarrollar su puerto local, siendo rechazado por los directores del puerto que son designados por el mismo SEP, que insisten en licitarlos en las condiciones actuales, para beneficio directo del privado en desmedro del interés del País.

Como gremio organizado en una Empresa SEP, hemos visto el actuar de los directores designados por esta institución, donde su objetivo principal es el realizar ahorros a costa de los trabajadores, para lo cual despiden sin miramientos, además fomentan las practicas antisindicales, la sindicalización paralela, interponen recursos de protección en contra de la inspección de Trabajo y utilizan los vacíos legales que tiene la ley de Subcontratación para justificar su actuar.-

Alertamos a los compañeros, a que defiendan sus fuentes laborales no solo por el peligro de la privatización, sino que también de la visión tecnócrata y económica que impera en el Sistema de Empresas públicas (SEP)”.

Fuente: Radio Magallanes

La Diputada carolina Goic en el programa Tribuna Magallánica se refirió al tema de la privatización de Enap y dijo que su postura es defender a la empresa porque es patrimonio de Magallanes siendo una empresa pública que se debe mantener como tal porque el traspaso al Sistema de Empresas Públicas (SEP) trae mayor burocracia y mayores controles que no necesariamente agilizan la gestión y si se quiere transparentar la se pueden tomar otras medidas sin cambiar la institucionalidad.

Manifestó que la presidenta ha sido sumamente clara que durante su mandato Enap no sería traspasada al Sistema de Empresas Públicas.

Radio: Magallanes

Ministerio de Hacienda precisa alcance de proyecto de ley sobre gobiernos corporativos de empresas públicas

La próxima semana el Gobierno ingresará a trámite legislativo el proyecto de ley que perfecciona el gobierno corporativo de las empresas del Estado y de aquellas en que éste tiene participación, aumentando su transparencia y mejorando la calidad de la gestión y la supervisión.

La iniciativa crea legalmente el Consejo SEP como servicio público descentralizado y con la finalidad de ejercer los derechos y deberes del Estado en su rol empresarial. Como se informó en su oportunidad, el número de empresas bajo la supervisión del SEP, que actualmente son 23, se ampliará para integrar también a otras empresas del Estado, sociedades como CIMM T&S y otras que se creen en el futuro.

Asimismo, se integrarán parcialmente ASMAR, ENAER y FAMAE, atendiendo su carácter de empresas relacionadas con la Defensa Nacional. Ello implica que 2 miembros de sus directorios serán nombrados por el SEP y que sus normas contables, financieras y las de inversión se asimilarán al resto de las empresas integradas a ese sistema.

En el caso de ENAP y atendiendo el carácter estratégico que tiene para el país y para las regiones en que se inserta, no estará vinculada al SEP.

El presidente de la Empresa Portuaria San Antonio ha criticado duramente el anuncio de la concesión del espigón de Valparaíso antes de que sea licitado el de San Antonio. En ambos puertos, que compiten fuertemente, la sección más moderna ya está concesionada, pero los espigones operan todavía bajo el control de la empresa portuaria estatal. San Antonio, sin embargo, tiene planificada su concesión, ha realizado los estudios necesarios y está listo para contratar, incluso, el banco de inversión, en un proyecto ambicioso, que duplica la capacidad de dicho terminal. Por eso, sus autoridades locales y los trabajadores califican como "guerra declarada" su relación con las autoridades gubernamentales, luego que éstas advirtieran que se privilegiaría la licitación de Valparaíso.

Este tema tiene alcance nacional, pues la carga transportada por los puertos estatales -concesionados o no- crece a tasas del 10 por ciento anual, y el aumento en la productividad que resultó del proceso inicial de concesiones está llegando a su límite. Por tanto, se requiere profundizar las concesiones portuarias, así como realizar inversiones no sólo en equipamiento, sino también en infraestructura física.

Un segundo elemento que debe ponderarse desde la perspectiva del interés nacional es que las posibilidades de expansión portuaria son mucho mayores en San Antonio. Este último dispone de grandes extensiones que podrían eventualmente utilizarse para multiplicar varias veces su capacidad. Valparaíso, en cambio, no tiene los terrenos necesarios para una ampliación eficiente, si bien ahora ha planteado que se ganarían terrenos al mar para su desarrollo en el próximo medio siglo.

En San Antonio, los trabajadores no se oponen a la concesión portuaria, porque el espigón está en mal estado y no es atractivo para las navieras, lo que reduce la demanda por trabajadores, y porque aquellos que fueren exonerados por la concesión esperan ser compensados. En todo caso, el alcalde de San Antonio advierte que la licitación es urgente para la comuna, que actualmente tiene un índice de desempleo de 11,6 por ciento, el que se ha incrementado por la falta de trabajo en el espigón.