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Noticias Fenatraporchi - Diciembre- 2007 |
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Izquierda a derecha: Daniel Arriaza, Raúl Maturana, Hernán Bravo, Jorge Peña, Juan Pasten , Fernando Covarrubias y Francisco Riquelme.
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, en el marco de acuerdos del Ejecutivo en el sentido de transmitir y entregar nuestra opinión de los temas de trascendencia para el desarrollo portuario nacional, participó el martes pasado en reuniones con don Sergio Bitar (presidente nacional del Partido por la Democracia, y vocero de la Concertación de partidos del conglomerado de Gobierno) y don Fernando Meza Mondaca (Vicepresidente H. Cámara de Diputados)
Uno de los temas indicados fue lo resuelto por el SEP, de convocar a un Panel de Expertos Portuarios (ver mas) a fin de recopilar la información necesaria sobre el funcionamiento del sistema portuario nacional. Esperamos progresar del trabajo de este comité, el Estado revise la política portuaria nacional a 10 años de vigencia de la ley 19.542 que “moderniza el sector portuario estatal”. Las materias más relevantes que exigen la inmediata decisión de la autoridad como son: Creación de una institucionalidad responsable de formular, evaluar y fiscalizar la política portuaria nacional, Redefinición de las funciones y objetivos de las empresas portuarias estatales, Erradicación del trabajo precario de la industria portuaria chilena. Esperamos entonces, del Ejecutivo, del Parlamento, de los partidos políticos, y de las autoridades locales, sepan aprovechar el trabajo del Panel de Expertos y tomen como representantes democráticos de la ciudadanía, la iniciativa de una Ley que regule el marco de la actividad portuaria chilena, mirando los próximos 50 años, en beneficio de todos.
Este enorme grupo de trabajadores, más allá de cuantos turnos realicen en el mes, seguramente se jugarán por lograr al menos beneficios similares a los obtenidos por los trabajadores en el proceso anterior, y muy probablemente recurrirán a las movilizaciones para obtener sus objetivos. Ante esta realidad, afirmamos que la industria portuaria nacional no necesita de esta forma de trabajo precario. En estos tiempos de conciencia sobre la desigualdad social, Chile exige el fin del trabajo precario y en los puertos eso pasa por eliminar la figura del contrato de trabajo especial de portuario eventual, ya que está establecido en beneficio único de los empleadores, en una industria que crece al doble del PIB cada año.
Nuestra propuesta es simple: en los puertos debe regir el régimen normal del contrato de trabajo establecido en el Código del Trabajo. Eliminar la figura especial de portuario eventual es una necesidad modernizadora de la industria y un imperativo ético de la sociedad chilena.
Del mismo
modo, demandamos la suspensión de licitaciones de concesiones de
puertos.
Afirmamos que, mientras el patrimonio fiscal siga prisionero de una postura ideológica neoliberal, que no permite a las empresas del estado planificar el desarrollo portuario, simplemente se continuará con la lógica de licitar el control de las operaciones portuarias a quién pueda pagar por ellas, sin otras consideraciones.
Hoy esta tendencia momentáneamente se ha revertido. Corresponde entonces tomar iniciativas oportunas y audaces que permitan hacer las cosas en un orden lógico y no sobre los hechos consumados de los poderes fácticos, para ello mantener la política de suspensión de las licitaciones de los puertos de Talcahuano y Coquimbo mientras se adoptan las grandes definiciones sobre el modelo portuario, resulta el camino más serio para salvaguardar los intereses del estado y de las ciudades puertos y sus trabajadores.
Compartimos esta afirmación. Pero no compartimos que la única forma de enfrentar este desafío sea obviando todos los problemas que plantea la concentración económica de las operaciones del puerto y llamando a una licitación realizada con nombre y apellido a favor de la expansión del actual concesionario.
Creemos que, corresponde a las autoridades políticas romper con la camisa de fuerza, impuesta por el paradigma neoliberal y diferenciar la necesidad de realizar la inversión en infraestructura en Valparaíso y las formas que debe adoptar esta decisión.
Proponemos entonces que sin mayor tardanza, el Estado de Chile, a través de su Empresa Portuaria Valparaíso, proyecte, construya y administre un nuevo Terminal de al menos 3 sitios de atraque nuevos para estar operativos el año 2010, sin perjuicio, que luego de resueltas las cuestiones de política portuaria pendientes el propio Estado resolviera entregar estas nuevas instalaciones a privados, como ocurre por lo demás en el modelo portuario de países desarrollados.
Esta decisión soberana permitiría asegurar al puerto un crecimiento uniforme, cuenta con viabilidad económica dada la realidad de las finanzas públicas, y permitiría discutir la ley de puertos, la institucionalidad portuaria, la eliminación del trabajo precario, sin la presión (falsa) del hundimiento del puerto de Valparaíso sino se entrega envuelto en papel de regalo al mono operador dominante.
Los poderes públicos tienen la oportunidad de anticiparse a los conflictos y hacer política en grande en los puertos para beneficio de todos los chilenos.
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En esta oportunidad también estuvo presente Jorge Peña (Asesor), quien reforzó la exposición de los representantes de los trabajadores Daniel Arriaza, Francisco Jiménez y Raúl Maturana. El ex Intendente por Santiago, escuchó con atención y tomó nota de todos los argumentos aportados, recibiendo un documento con antecedentes que avalan lo expuesto por la comitiva sindical. Comprometido quedó de continuar respaldando las acciones efectuadas hasta el momento por los trabajadores portuarios, además de informar dentro del conglomerado político que representa y el Comité Político de la Presidencia, a fin de que se tomen las medidas pertinentes, que permitan, crear los espacios para un futuro desarrollo social de política portuaria nacional.
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