La información la entrego José Luis Gálvez, presidente
del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Austral, quien
manifestó que EPA ha despedido a cuatro trabajadores del Departamento de
Operaciones – socios recién incorporados al Sindicato de Trabajadores,
alegando como fundamento de esta medida el articulo 161 del Código del
Trabajo.
Agregó
Gálvez, que esta causal no resulta coherente con el hecho indubitado que
estos mismos trabajadores fueron calificados como competentes, donde se
desempeñaron por unos dos años en calidad de funcionarios de EPA y
anteriormente como trabajadores en régimen de subcontratación. Es por ello
– preciso Gálvez – que el sindicato local se encuentra en trámite para
presentar una demanda en los tribunales en contra de la empresa .
Comentó el sindicalista que dentro de la defensa de la
relación laboral, el vínculo de subordinación y dependencia supone un
cierto estado de necesidad del trabajador que lo lleva a aceptar la carga
del trabajo subordinado y también muchas veces convenciones ilegitimas,
indignas y/o ilegales.
Añadió, que el legislador ha considerado esta posibilidad y
ha entregado a los trabajadores y a las organizaciones sindicales
acciones tutelares de las garantías constitucionales.
El Sindicato de Trabajadores interpuso una denuncia por
simulación y fraude laboral en el mes de mayo, siendo la semana pasada
sancionada la Empresa portuaria Austral por la Inspección del Trabajo, a
pagar una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales y la internalizacion
– contratación – de 16 trabajadores subcontratados.
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Explicó que por este hecho los ejecutivos de EPA, se niegan
a respetar lo decretado por la autoridad del Trabajo, desconociendo el
mandato legislativo y política laboral del Gobierno, representado por la
presidenta Michelle Bachalet Jeria.
Dijo que además esto ha generado que realicen presión
psicológica a sus trabajadores, desconociendo los beneficios a los
trabajadores sindicalizados, entorpeciendo el desempeño de funciones a sus
dirigentes sindicales, llegando incluso a negar los permisos sindicales
legítimamente entregados por el código laboral, para que estos cumplan sus
funciones.
En este contexto – subrayo – “es una vergüenza para el
sector publico y un agravio a la política del Gobierno, que el ministro
del Trabajo, haya debido reconocer que las empresas estatales están mas
atrás de lo esperado en esta materia.
Consecuente con ello – expresó – que "se ha anunciado una
ofensiva fiscalizadora de la ley en las empresas publicas, por parte de la
autoridad del Trabajo, tal como ocurre hoy por acción en otras empresas
portuarias nacionales como en San Antonio, Valparaíso, Talcahuano y Puerto
Montt, todas empresas del estado, sancionadas por las mismas
irregularidades, motivo por el cual exigimos a las autoridades regionales
y nacionales realizar las acciones para que en las empresas sean estas
estatales o no se respeten todos los derechos de los trabajadores", indico
José Luis Gálvez.
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